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Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Sala Constitucional saca a funcionarios de campaña política

La Constitución demanda de los funcionarios y empleados públicos neutralidad e imparcialidad 

22:02

Salvo los que sean candidatos, los funcionarios públicos no podrán en adelante hacer proselitismo electoral, sentenció en definitiva la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 
El máximo tribunal estableció que es el artículo 218 de la Constitución el que prohíbe a los funcionarios públicos "prevalerse del cargo" para actividades político partidarias.
Esto significa que los funcionarios y empleados públicos deben observar neutralidad e imparcialidad, sin que esto signifique un impedimento para el ejercicio de sus propios derechos políticos, explica el fallo.
El Tribunal Constitucional resolvió de esta manera al declarar inconstitucional el artículo 1 inciso segundo de las "Disposiciones para regular la Eficaz Gestión de la Administración Pública en el Marco del Proselitismo Electoral y de las Actividades que el mismo conlleva", aprobado por el Presidente de la República.
Esta disposición establecía que "los funcionarios públicos podrán participar en actividades relacionadas con la política partidista de cualquier partido político o coalición, siempre que el desarrollo de éstas no interfiera con la eficiencia de la función pública que desempeñan y se participe fuera del horario de desempeño de labores; asimismo, el que no se utilicen recursos públicos asignados para llevar a cabo su labor dentro de la administración pública para participar en tales actividades y no se recurra a la práctica de ninguna forma de presión para intimar a personas jerárquicamente bajo el mando del funcionario a participar en dichas actividades".
Pero, a juicio de los magistrados, dicha disposición permite que los funcionarios manifiesten apoyo a partidos o candidatos o hagan política partidaria, lo cual contraviene el artículo 218 de la Constitución.
El fallo de la Sala de lo Constitucional sale a la luz después de una resolución temporal similar que ha sido asumida a regañadientes por algunos funcionarios, sobre todo del partido de gobierno, quienes han reclamado que se vulneran sus derechos políticos.
El Tribunal aclara que los servidores del Estado pueden ejercer sus derechos políticos y otros derechos relacionados con el ejercicio de la actividad política, "pero están obligados a evitar que su conducta, incluso la privada o personal, tanto dentro como fuera del horario laboral, genere una duda fundada de que sus intereses particulares o partidarios pueden anteponerse al interés público de su cargo".
Aún con licencia...
En este sentido, la Sala enfatiza que la prohibición "subsiste mientras se conserve la calidad de funcionario o empleado público y no puede ser evadida por medio de suspensiones o interrupciones deliberadas de la función pública (como ocurre con los permisos o licencias del ejercicio del cargo)".
"Logros no se deben a partidos oficiales"
El presidente Funes, por su parte, alegó que la norma impugnada no es inconstitucional ya que "si la Constitución hubiese querido que el funcionario no ejerciera jamás política partidista, así lo hubiere dicho, mas lo que indicó es que no pueden prevalerse de sus cargos para hacerla" (ver nota aparte).
Pero los magistrados recuerdan que el Estado no puede tomar parte en la contienda electoral para favorecer a un partido político determinado, prohibición que se extiende a sus funcionarios.
"Los funcionarios provenientes de los partidos dejan de ser representantes de intereses particulares y se deben, a partir de su ingreso al servicio civil, a los intereses generales y el bien común... En consecuencia, los buenos resultados de una gestión gubernamental no son concesiones, gracias o favores del partido en el gobierno, sino medidas estatales de interés público, de realización obligatoria por los funcionarios elegidos, pues para eso reciben el mandato de los ciudadanos", dice la sentencia.
Los candidatos-servidores públicos pueden hacer proselitismo electoral, pero "siguen obligados a abstenerse de utilizar para ello recursos del Estado y a respetar el cabal cumplimiento de sus funciones públicas".
Fiscalía y TSE deben sancionar a infractores
En cuanto al alegato de que con esta decisión se violan derechos políticos de los funcionarios, la Sala recuerda que la Constitución delimita el marco de acción de los funcionarios y son ellos los que acceden voluntariamente a los puestos, por lo cual deben someterse a las condiciones que se requieren.
"Los servidores estatales tienen un compromiso especial con el sistema democrático y por ello asumen las limitaciones a su esfera jurídica, que son necesarias para garantizar el funcionamiento burocrático del Estado de Derecho", remarca la sentencia.
Los magistrados indican además que el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General deben seguir estos criterios para sancionar a quien infrinja la sentencia.
Además, ordenan que el fallo se publique en el Diario Oficial en los siguientes 15 días y advierte que, de no hacerlo, los responsables se exponen a enfrentar "las sanciones legales correspondientes".

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